Más de treinta años después que se presentara Rocío de Fernando Ruiz Vergara, José Luis Tirado realiza este documental sobre el rodaje y los problemas de exhibición de esta película.
Cuenta con los testimonios de los técnicos, de los productores y del propio director antes de su fallecimiento.
El equipo de rodaje se involucró plenamente en la realización de la peli.
Durmió en tiendas de campaña los días de filmación.
Vivió, comió y mal durmió como los propios peregrinos.
Se metieron con sus cámaras en medio de la muchedumbre, que incluso les aupaban para que pudieran grabar mejor.
Ruiz Vergara daba unas instrucciones generales y los profesionales filmaban sin conocimiento.
El documental se montó en Lisboa, donde se cedió todo el equipo necesario.
Este trabajo duró más de un año.
La polémica surgió por dos cuestiones.
Por un lado la mención sobre unos asesinatos durante la Guerra Civil donde se relacionaba a unos de los presidentes de la Hermandad del Rocío.
El supuesto criminal ya estaba fallecido, pero su familia interpuso una demanda.
El director se responsabilizó de todo lo expuesto y fue condenado a prisión y a una cuantiosa indemnización.
Ya no volvió a rodar ninguna película más.
Además la peli fue prohibida durante unos años y posteriormente se obligó a cortar determinados segmentos de película, que cuando se volvió a exhibir aparecían en negro con una leyenda sobre la sentencia del juzgado correspondiente.
Además la Iglesia Católica interpuso otra demanda sobre “escarnio a la religión” que no prosperó.
El material sobre los asenitatos durante la guerra, se lo encontró el director de casualidad, sin buscarlo.
No venía muy al caso en un documental sobre la Romería del Rocío, pero eran testimonios de tanta potencia que no pudo evitar la tentación y los expuso en la película. Sin suponer el lío en el que se metía.
Lo que se exponía en esta película rompía el “Espíritu de la Transición“.
Ese pacto en el que no se podían remover asuntos pendientes de la Guerra Civil, en el que no se podían poner en cuestión los poderes establecidos, donde no había sitio para lo que después se llamó “la memoria histórica”.
Lo curioso es que no fueron los poderes políticos los que prohibieron la peli, sino el judicial que ejerció de brazo ejecutor para impedir la libertad de expresión.
